Ante la anunciada decisión por parte de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal de ordenar la liberación de los represores Renés, Pateta, Simoni, Riquelme, Reyes y Martínez Segón, todos imputados en la causa Margarita Belén, no podemos sino manifestar nuestro mas enérgico repudio y nuestra mas expresa condena.
No es esta la primera vez que integrantes de una de las Salas de esa Cámara de Casación nos abochornan con decisiones de este tipo que pretenden abonar el camino de la impunidad para los responsables del mas grande plan de exterminio que conozca la historia argentina. En tan olvidables como lamentables decisiones judiciales, ordenaron en su momento la liberación de personajes siniestros como Acosta, Astíz, Radice y otros represores de la megacausa ESMA.
Pretenden con esta decisión hacer cesar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los que cometieron delitos considerados de lesa humanidad bajo el amparo del terrorismo de Estado mientras obligan a permanecer detenidos sin condena a la espera de un juicio sin fecha a la mayoría de los imputados por delitos comunes.
El ladrón de gallinas debe esperar bien encerrado y a la sombra de su común y hacinada prisión la fecha incierta de los debates; los acusados por delitos imprescriptibles de lesa humanidad pueden andar sueltos y desafiantes por las veredas y calles de nuestras ciudades, las mismas por donde transitan hoy sus víctimas y los testigos de sus atrocidades. Así les será seguramente fácil apretar o amenazar como en sus mejores épocas o intentar un “nuevo” Julio López, o imaginar la posibilidad de eludir el juicio mediante la fuga, como ya lo hicieran 40 represores en todo el país.
Para usar un término muy en boga en nuestro medio, las “puertas giratorias” de la impunidad para los genocidas funcionan maravillosamente para el que torturó, secuestró, desapareció o asesinó, de la mano de magistrados de esta justicia federal de escasa o nula vocación republicana y democrática. Seguramente ningún encumbrado dirigente político o social de los que últimamente se mostraron partidarios de la mano dura será “tolerante cero” con esta “gran puerta giratoria” de la delincuencia de lesa humanidad. Porque ya se sabe, el hilo siempre se corta por lo más delgado.
La complejidad de la causa, la cantidad de delitos imputados, el carácter de lesa humanidad de los mismos y hasta la misma reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema han sido nueva y peligrosamente ignorados por los integrantes de esta Sala de la Cámara de Casación Penal. Los ardides, subterfugios procesales y todo tipo de chicanas jurídicas utilizadas por las defensas técnicas de los represores contribuyeron a este actual cuadro de situación, sin contar con el hecho que no se le ha dado un marco procesal especial destinado a optimizar y dar celeridad a los juicios por la verdad, lo que nos lleva al hecho por demás frustrante de ver condenados a solo 68 de los casi 1500 involucrados en la represión estatal de la última dictadura militar. Urge aprobar en el Congreso Nacional algunas iniciativas que vayan en esa dirección.
Es por ello que el pronunciamiento de todos los poderes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil deben ser unánimes en su rechazo a la reciente decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, reafirmando al mismo tiempo el compromiso de los que habitamos nuestra Argentina y nuestro Chaco, con el irrenunciable camino de Memoria, Verdad y Justicia que comenzamos a recorrer hace mas de tres décadas.
Carlos Martinez
Diputado Provincial
Bloque Libres del Sur
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