El Centro de Estudios Nelson Mandela elevó un nuevo informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que afirma que la situación social y sanitaria en El Impenetrable sigue siendo crítica, pese a reconocer algunos esfuerzos del Estado nacional y de la provincia por mejorar las condiciones de vida en esa zona.
La ONG, que había elevado ya un primer reporte en 2007 y otro en 2008, y que logró la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el tema, dice esta vez que “estructuralmente persiste y continúa la cruda realidad social, económica, sanitaria, educativa y ambiental que rodea a las comunidades indígenas que habitan el amplio territorio denominado El Impenetrable chaqueño”.
El Centro Mandela, con la firma de su coordinador, Rolando Núñez, pide ahora una nueva inspección de la Defensoría en el Oeste provincial, en el marco de la intervención que en el asunto tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó a la Nación y a la provincia detener el “lento exterminio” de las comunidades aborígenes.
Sin cambios de fondo
En el reporte a la CIDH, Núñez menciona los anteriores y dice que aquellos “lamentablemente tienen y cobran total actualidad descriptiva”, aunque dice que no se puede dejar de señalar “que se ha producido una mejora importante generada por el Estado nacional, consistente en el otorgamiento de pensiones graciables por invalidez, vejez (personas de más de 70 años) y madres con siete o más hijos”, más una limitada ayuda alimentaria. “De este modo, ha mejorado lo que se denomina pobreza de ingresos, cuestión que analizamos con la debida precaución porque nos permite comprender que los montos y asistencia alimentaria que cobran y reciben los beneficiados en realidad los mantienen por debajo de la línea de indigencia, no obstante haber significado un avance comparado con los nulos ingresos que tenían hasta los años 2007 y 2008”, agrega. En lo relacionado con las cuestiones de fondo, dice que “se mantiene intacta la pobreza estructural, dado que las políticas públicas continúan siendo erradas o insuficientes, con fallas detectadas en la concepción, en la planificación o en la ejecución, lo que en la mayoría de los casos frustra los objetivos propuestos”.
Improvisación e imprevisión
“Es claro que los gobiernos de Argentina y de Chaco asisten a las comunidades indígenas como derivación de la estratégica y oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo y, fundamentalmente, por lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Esto hizo que debieran gestionar precipitadamente, muchas veces a tientas, en otros casos con absoluta improvisación, y en casi todas las situaciones con imprevisión y escasos conocimientos de la realidad diversa que rodea a las comunidades indígenas de las etnias toba, wichí y mocovíes”, dice el informe. “Esto —agrega— generó intervenciones inapropiadas, mal iniciadas o luego discontinuadas, y se gestaron viejos y nuevos programas y acciones que se superponían o se reemplazaban, pero que en casi todos los casos fueron de escasa productividad social, lo que quedó en evidencia a raíz de que se pretendía atender a comunidades sometidas a situaciones de máxima pobreza y exclusión, hambre, desnutrición, malnutrición y anemia, con enfermedades endémicas, como la tuberculosis y el mal de Chagas, que viven en ranchos precarios, sin educación (en el sentido en que la concibe el mundo blanco), sin trabajo y sin proyecto de vida familiar y étnica, resistiendo biológicamente quizás a través del desarrollo de un genoma humano que les ha permitido sobrevivir con muy poca comida, con muy poca agua, ambas de mala calidad”. Frente a ello, dice que sólo caben “verdaderas políticas públicas de desarrollo humano y social-étnico compatible con la diversidad que supone la existencia de diferencias existenciales con los integrantes de las comunidades indígenas. En este sentido, concentramos nuestras mayores preocupaciones en lo atinente a las fallas de las políticas sociales, sanitarias y educativas, espacios donde encontramos grandes problemas y grietas en los desempeños de los Estados argentino y chaqueño, prácticamente sin solución de continuidad”.
Publicado en Diario Norte
Sin cambios de fondo
En el reporte a la CIDH, Núñez menciona los anteriores y dice que aquellos “lamentablemente tienen y cobran total actualidad descriptiva”, aunque dice que no se puede dejar de señalar “que se ha producido una mejora importante generada por el Estado nacional, consistente en el otorgamiento de pensiones graciables por invalidez, vejez (personas de más de 70 años) y madres con siete o más hijos”, más una limitada ayuda alimentaria. “De este modo, ha mejorado lo que se denomina pobreza de ingresos, cuestión que analizamos con la debida precaución porque nos permite comprender que los montos y asistencia alimentaria que cobran y reciben los beneficiados en realidad los mantienen por debajo de la línea de indigencia, no obstante haber significado un avance comparado con los nulos ingresos que tenían hasta los años 2007 y 2008”, agrega. En lo relacionado con las cuestiones de fondo, dice que “se mantiene intacta la pobreza estructural, dado que las políticas públicas continúan siendo erradas o insuficientes, con fallas detectadas en la concepción, en la planificación o en la ejecución, lo que en la mayoría de los casos frustra los objetivos propuestos”.
Improvisación e imprevisión
“Es claro que los gobiernos de Argentina y de Chaco asisten a las comunidades indígenas como derivación de la estratégica y oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo y, fundamentalmente, por lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Esto hizo que debieran gestionar precipitadamente, muchas veces a tientas, en otros casos con absoluta improvisación, y en casi todas las situaciones con imprevisión y escasos conocimientos de la realidad diversa que rodea a las comunidades indígenas de las etnias toba, wichí y mocovíes”, dice el informe. “Esto —agrega— generó intervenciones inapropiadas, mal iniciadas o luego discontinuadas, y se gestaron viejos y nuevos programas y acciones que se superponían o se reemplazaban, pero que en casi todos los casos fueron de escasa productividad social, lo que quedó en evidencia a raíz de que se pretendía atender a comunidades sometidas a situaciones de máxima pobreza y exclusión, hambre, desnutrición, malnutrición y anemia, con enfermedades endémicas, como la tuberculosis y el mal de Chagas, que viven en ranchos precarios, sin educación (en el sentido en que la concibe el mundo blanco), sin trabajo y sin proyecto de vida familiar y étnica, resistiendo biológicamente quizás a través del desarrollo de un genoma humano que les ha permitido sobrevivir con muy poca comida, con muy poca agua, ambas de mala calidad”. Frente a ello, dice que sólo caben “verdaderas políticas públicas de desarrollo humano y social-étnico compatible con la diversidad que supone la existencia de diferencias existenciales con los integrantes de las comunidades indígenas. En este sentido, concentramos nuestras mayores preocupaciones en lo atinente a las fallas de las políticas sociales, sanitarias y educativas, espacios donde encontramos grandes problemas y grietas en los desempeños de los Estados argentino y chaqueño, prácticamente sin solución de continuidad”.
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